Dumping fiscal: pagar más o menos impuestos según la comunidad autónoma

Los impuestos que paga una empresa dependen del lugar en el que esta tenga establecida su sede. Es evidente que cada país lleva a cabo una política fiscal diferente, y con determinados impuestos, lo mismo ocurre entre las diferentes comunidades autónomas de España. El dumping fiscal consistiría en buscar expresamente una tributación más baja, con el objetivo de atraer a las empresas, para que elijan establecerse en ese territorio, frente a cualquier otro.

En CEDEC somos conscientes que pagar los mínimos impuestos posibles es un aliciente para todas las compañías, que así pueden ver incrementados sus beneficios y disminuidos sus costes. Por otro lado, atraer a las empresas también trae muchas ventajas para los países o autonomías que pueden permitirse apostar por esta política de baja fiscalidad, que así consiguen una mayor actividad empresarial en su territorio, es decir, ingresos extra. Por eso compartimos este artículo en el que se explica en detalle qué es el dumping fiscal, y qué impuestos son competencia de las comunidades autónomas.

En España, hay determinados impuestos que vienen determinados por el Estado, y que son por lo tanto iguales en todo el territorio español (con algunas excepciones en aquellas zonas con un concierto económico específico). Sin embargo, hay otros impuestos que determinan las comunidades autónomas, y aquí el tratamiento fiscal puede ser más o menos amable, algo que ocasiones numerosas tensiones entre las regiones, que se acusan unas a otras de dumping fiscal, y de intentar atraer a las compañías de forma desleal.

Son varios los impuestos que dependen de las comunidades autónomas. Algunos, como el impuesto sobre el patrimonio, o el de sucesiones y donaciones, no afectan directamente a las empresas, pero hay otros que sí.

Es el caso de los impuestos medioambientales, que además suele generar muchas quejas por parte de las comunidades, ya que las industrias que se sitúan en zonas limítrofes, pueden estar pagando sus impuestos en la región en la que son más bajos, mientras que la actividad contaminante afecta también a zonas fronterizas de la comunidad en la que no paga sus impuestos.

De la misma manera, los impuestos sobre bienes inmuebles y los impuestos a vehículos de tracción mecánica dependen de los ayuntamientos, y las empresas se pueden beneficiar de situar su sede social en un lugar u otro, para tributar menos por ese tipo de activos.

Aunque el dumping fiscal trae ventajas para las empresas que consiguen así pagar menos impuestos, también supone una desventaja para aquellas situadas en otros territorios con fiscalidad más exigente, ya que las compañías que pagan menos impuestos pueden repercutir eso en el precio final, suponiendo una dura competencia para el resto de las empresas del sector.

Este es un problema habitual, y no solo en España, sino también en Europa, donde países como Irlanda o Luxemburgo ofrecen un tratamiento fiscal muy laxo, que hace que muchas grandes empresas deriven, a través de mecanismos de ingeniería fiscal, sus ganancias obtenidas en diferentes países de la Unión hacia las sedes ubicadas en el país adecuado, quedando en una posición muy ventajosa respecto a las empresas de la competencia que, por ejemplo, solo operan en un país (y no pueden, por lo tanto, trasladar su sede social a países como Irlanda o Luxemburgo, donde el impuesto de Sociedades es cuatro veces menor que en España).

En CEDEC, Centro Europeo de Evolución Económica, creemos que es importante que las empresas conozcan en profundidad cómo son los impuestos que pagan, y cómo podrían variar en función del lugar en el que establecieran su sede, para poder sopesar la deslocalización fiscal o, como mínimo, saber qué ventajas pueden estar disfrutando algunas empresas de la competencia. No hay que perder de vista que la información es la mejor arma para lograr la excelencia empresarial a largo plazo, y el área fiscal no es una excepción.

Imagen PMM

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